En un país donde la sanidad pública es un pilar del bienestar social, siguen existiendo diferencias preocupantes en el acceso a tratamientos. Estas desigualdades se hacen especialmente visibles en pacientes anticoagulados que, por motivos personales o profesionales, se desplazan entre comunidades autónomas.

¿Puede un paciente recibir un tratamiento distinto solo por cruzar una frontera autonómica? En España, sí.

Hoy en día, los pacientes anticoagulados pueden enfrentarse a barreras de acceso a los fármacos más eficaces y seguros, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Esta falta de equidad territorial no solo es injusta, sino que además pone en riesgo la salud y la calidad de vida de miles de personas.

La situación es tan crítica que algunos pacientes optan por viajar a Francia para adquirir sus medicamentos, donde los precios son más bajos y los trámites, menos restrictivos. Como recogía recientemente Diario Vasco: “Venimos de Francia, los medicamentos nos salen más baratos” (ver artículo). ¿Cómo es posible que un ciudadano español encuentre mejores condiciones en un país vecino que en su propio sistema nacional de salud?

Mientras tanto, en España, se vive una tormenta perfecta. El conflicto judicial entre el Ministerio de Sanidad y una compañía farmacéutica por el retraso en la disponibilidad de un anticoagulante ha derivado en una batalla legal que, según Xataka, podría costar al Estado hasta 230.000 euros diarios (ver artículo). Fondos públicos que, en lugar de destinarse a facilitar el acceso de los pacientes a tratamientos eficaces, se pierden en litigios y bloqueos institucionales.

Esta realidad refleja una falla estructural: son los pacientes quienes siguen pagando las consecuencias de la inacción política y la burocracia del sistema. ¿Para qué sirve entonces el Consejo Interterritorial de Salud? ¿Cuál es el papel del Ministerio de Sanidad ante estas desigualdades?

Cada barrera de acceso, cada retraso administrativo, cada disputa legal, se traduce en incertidumbre, en desigualdad, y en perjuicios reales para quienes dependen de su medicación diaria para seguir adelante. En algunos casos, estas demoras pueden significar incluso la pérdida de una vida.

Mientras nuestros responsables políticos debaten, los pacientes esperan... y se mueren en listas de espera cada vez más largas y desconectadas de la realidad asistencial.

Desde AMAC alzamos la voz con firmeza:

Un paciente que transite por España debe tener garantizada la misma cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
No puede ser que el tratamiento que mejora —o salva— tu vida dependa del lugar en el que te toque enfermar.

Reclamamos una cartera común, accesible, y libre de inequidades territoriales.
Porque la salud no puede depender del código postal.

Juan Manuel Ortíz Carranza
Presidente de AMAC